Niños y niñas mapuche son víctimas de la Ley Antiterrorista.
Modificada
en un primer trámite en 2010, la Ley Antiterrorista en su aplicación a
menores de edad fue nuevamente reformada el 7 de junio. Hasta la fecha,
fueron cinco los casos de jóvenes procesados por tal legislación, todos
mapuche. Un sexto caso se añade al listado: Desde abril, un adolescente
temuquense está encausado por esta norma que atenta contra el debido proceso.
El
7 de junio, la Cámara de Diputados despachó un proyecto, ingresado el
15 de marzo a la Sala, que excluye las conductas ejecutadas por menores
de edad del procesamiento bajo la Ley 18.314, conocida como
Antiterrorista (LAT).
La iniciativa contó con el voto a favor de 86 diputados, 4 abstenciones, y uno en contra, de Cristian Letelier (Unión Demócrata Independiente, UDI). El texto será remitido al Presidente de la República para ser promulgado como Ley.
Hasta
la fecha, a pesar del compromiso gubernamental de octubre del año
pasado, tras la huelga de hambre cumplida por 33 comuneros mapuche,
entre los que estaban Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Henuche y Jonathan Huillical, que cumplieron 87 días de ayuno este año, la LAT se sigue aplicando a adolescentes e infantes mapuche.
La Fundación Anide, la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ Chile), y el Observatorio Ciudadano, entre otras, denuncian situaciones en las cuales se vulneraron los derechos de los pichikeche (niños mapuche, en mapudungún).
Por su parte, la defensora nacional, Paula Vial Reynal,
en cuenta pública de la gestión institucional 2010 de la Defensoría
Penal Pública, denunció “el abuso de la prisión preventiva en adultos y
de la internación provisoria en menores de edad […]”.
PROMESAS GUBERNAMENTALES INCUMPLIDAS
Modificada en octubre de 2010, la LAT sufrió cambios parciales según indicó el Balance Anual 2010 del Observatorio Parlamentario.
Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano,
explicó que la composición de la primera modificación de la LAT con
respecto a la exclusión de los menores “quedó mal hecha ya que era
amplia y ambigua, así el Ministerio Público hizo interpretaciones acomodadizas del mensaje”.
Con
estas diversas apreciaciones se aplicaron dos estatutos jurídicos a los
menores, el referido a responsabilidad juvenil en cuanto a la penalidad
(Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Nº 20.084), y la legislación sobre terrorismo (LAT, N° 18.314) en materia de procedimiento y medidas cautelares.
Ello
ha permitido incluso la formalización de niños por conductas
terroristas, con la consiguiente vulneración a las garantías judiciales
de un debido proceso, como es el tipo de investigación que se puede
hacer bajo el amparo de esta ley especial y la mantención de la prisión
preventiva a menores de edad. Si las penas se basan en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los menores de edad pueden ser procesados por la LAT.
Carlos Muñoz, vocero de ROIJ Chile, explicó que las condiciones preventivas implicadas por la LAT, como los arrestos domiciliarios, contradicen las
disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos del Niño,
porque un niño no puede gozar de su derecho a estudiar, por ejemplo.
Hernán Vergara, presidente de Amnistía internacional-Chile,
señaló que “el Estado incumple normas y tratados internacionales con
respecto al debido cuidado con que todos los niños deben tener en su
condición de tal”.
La
reforma despachada pretende corregir ese problema interpretativo,
ambigüedad que permitió la imputación por LAT de un sexto caso de un
menor de edad, en abril de este año.
Vergara
destacó que el problema es encontrarse con una ley híbrida. “Se está
constantemente parchando la LAT, cuando hay que tomar el problema de
esta legislación en su totalidad”.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes,
resaltó la importancia de esta corrección ya que permite cumplir los
compromisos internacionales de Chile. Pero se apuró en añadir que “todo
aquel mayor de edad que se sirva de un menor para cometer un delito
terrorista va a sufrir una pena más severa que las penas comunes”.
ADOLESCENTE DE TEMUCUICUI IMPUTADO POR LAT
El 6 de junio, los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Aguiló (ex Partido Socialista, PS) y Hugo Gutiérrez (Partido
Comunista, PC), viajaron a Temuco a visitar la comunidad de Temucuicui
para conocer el –sexto- caso del menor acusado bajo la LAT. El
adolescente no pudo viajar el 11 de mayo a la Cámara de Diputados para
entregar su declaración, ya que el Juzgado de Garantía no modificó la
medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo regional.
“Creemos
que el espíritu de la legislación que aprobamos en su oportunidad,
modificando la legislación antiterrorista era para que no tuviese
oportunidad de aplicarse a menores de edad, lamentablemente, el
Ministerio Público así no lo ha entendido y en consecuencia, creemos que
era oportuno ir a entrevistarnos con este menor, más aún cuando él
había pedido en reiteradas ocasiones venir a la Comisión de Derechos Humanos”, explicó Gutiérrez.
El menor mapuche (17 años), de iniciales J.P.Q.M., miembro de la Comunidad de Temucuicui, fue detenido el pasado 29 de abril por carabineros de la Prefectura de Malleco.
Le
pesan medidas cautelares tras ser imputado por los delitos de
asociación ilícita terrorista, robo con intimidación, incendio y
homicidio frustrado, en el asalto del peaje de la localidad de Quino, el
10 octubre de 2009, junto a otros ocho mapuche.
La
investigación, que duró desde el 15 de octubre de 2010, por parte del
Ministerio Público, se materializaría en la acusación del juicio del 13
de junio -cuando esta edición estaba en imprenta- en el Juzgado de
Garantía de Victoria.
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SIN HUELGA PERO LA LUCHA CONTINÚA
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Henuche y Jonathan Huillical, depusieron
el 10 de junio un ayuno de 87 días, con el compromiso de la creación de
una Comisión permanente de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche.
Bajaron entre 20 y 26 kilos y sufrieron compromiso orgánico y
desnutrición severa.
Fueron condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete a entre 20 y 25 años de cárcel, por el ataque al fiscal Mario Elgueta y por un asalto con intimidación del latifundista José Santos Jorquera, luego de una investigación que usó mecanismos de la LAT, como los testigos anónimos.
El recurso de nulidad revisado por la Corte Suprema, no anuló el juicio sino que emitió una sentencia de reemplazo. Deberán cumplir en total entre 8 años y un día y 14 años y un día de cárcel.
Otros capítulos de la lucha mapuche
están por escribirse para que no se aplique más la LAT, por la defensa
de sus derechos políticos, territoriales, económicos, sociales,
culturales y de acceso a la justicia sin discriminación.
Por Melissa Quillier
Publicado en El Ciudadano Nº 104
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