Asimismo, llamó a unir esfuerzos para
conformar una plataforma común que incluya la defensa de los bienes
naturales y en particular la anulación de la Ley de Obtentores de
Semillas que privatiza la vida y que fuera recientemente aprobada.
La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (ANAMURI), la organización Ranquil de asalariados y asalariadas rurales así como la Asociación de Mapuches de Izquierda (ANMI) que conforman los grupos miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) en Chile señalaron en un pronunciamiento conjunto su “enorme satisfacción y admiración a las justas luchas de carácter nacional por el derecho pleno a la educación y contra el lucro de quienes han convertido la educación en un gran negocio”.
Así lo explicó en entrevista con Radio Mundo Real desde Santiago de Chile la presidenta de la organización de mujeres rurales e indígenas chilenas, Florencia Aróstica.
“Estamos especialmente preocupados por el intento de aprobación de la llamada Ley de Obtentores, que entrega nuevos y más privilegios a las empresas semilleras, permite la privatización de las semillas y criminaliza las técnicas y prácticas que nos permitieron a los pueblos indígenas y campesinos cuidar, crear, conservar e intercambiar semillas durante cientos y miles de años. Esta Ley en definitiva mercantiliza la vida y afecta en forma transversal a todo el pueblo chileno”, dijo Florencia.
“La gente se está despertando ante este gobierno de derecha, como antes lo hizo frente al gobierno de la concertación que únicamente estaba administrando un modelo neoliberal en el país”, agregó.
El pronunciamiento de las organizaciones llama a “las y los trabajadores de la ciudad, a la ciudadanía en general a involucrarse en las luchas para impedir el despojo de nuestros bienes naturales y de nuestra soberanía nacional y alimentaria”.
Y acerca de lo que se juega, señala: “es el derecho a que el futuro de nuestro país no se defina entre gallos y medianoche, sino a través de procesos de discusión y consulta informada y con pleno consentimiento, a que la alimentación sea un derecho de los pueblos y no un negocio para el gran capital, y a vivir en un ambiente sano”.
Foto: http://www.el-nacional.com
La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (ANAMURI), la organización Ranquil de asalariados y asalariadas rurales así como la Asociación de Mapuches de Izquierda (ANMI) que conforman los grupos miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) en Chile señalaron en un pronunciamiento conjunto su “enorme satisfacción y admiración a las justas luchas de carácter nacional por el derecho pleno a la educación y contra el lucro de quienes han convertido la educación en un gran negocio”.
Así lo explicó en entrevista con Radio Mundo Real desde Santiago de Chile la presidenta de la organización de mujeres rurales e indígenas chilenas, Florencia Aróstica.
“Estamos especialmente preocupados por el intento de aprobación de la llamada Ley de Obtentores, que entrega nuevos y más privilegios a las empresas semilleras, permite la privatización de las semillas y criminaliza las técnicas y prácticas que nos permitieron a los pueblos indígenas y campesinos cuidar, crear, conservar e intercambiar semillas durante cientos y miles de años. Esta Ley en definitiva mercantiliza la vida y afecta en forma transversal a todo el pueblo chileno”, dijo Florencia.
“La gente se está despertando ante este gobierno de derecha, como antes lo hizo frente al gobierno de la concertación que únicamente estaba administrando un modelo neoliberal en el país”, agregó.
El pronunciamiento de las organizaciones llama a “las y los trabajadores de la ciudad, a la ciudadanía en general a involucrarse en las luchas para impedir el despojo de nuestros bienes naturales y de nuestra soberanía nacional y alimentaria”.
Y acerca de lo que se juega, señala: “es el derecho a que el futuro de nuestro país no se defina entre gallos y medianoche, sino a través de procesos de discusión y consulta informada y con pleno consentimiento, a que la alimentación sea un derecho de los pueblos y no un negocio para el gran capital, y a vivir en un ambiente sano”.
Foto: http://www.el-nacional.com
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