El servicio público desde un puesto de
gobierno o de la administración pública o de la representación popular
es un privilegio sólo en el sentido de que, en efecto, lo es servir a la
sociedad. En un régimen democrático y republicano jamás debería
constituir ese privilegio que significa adquirir canonjías indebidas o
disponer de los dineros públicos o sacar provecho personal de una
situación dada. Tampoco debería constituir un medio de prolongar los
beneficios que el cargo proporciona mientras se le ejerce, como altos
sueldos o los así llamados gastos de representación.
En un régimen político de verdad civilista y de derecho y siendo el
servicio público ese privilegio que es servir a la nación, ninguno
podría pretender ser convertido en héroe de la patria por muy alta que
haya sido su investidura o su cargo. Desde la época de Echeverría, justo
en 1976, a alguien se le ocurrió premiar los servicios de los
presidentes de la República con pensiones vitalicias y aparatos de
seguridad y de oficina que involucraban a decenas de personas. Ese sí ya
de por sí un privilegio personalista fue adicionado por De la Madrid en
1987 al hacer que los servicios que se daban por parte del poder
público a los ex presidentes constituyeran en sí un aparato burocrático
de dimensiones públicas, siendo privados.
Nadie nace siendo un funcionario o un servidor público. Se supone que
el que es electo presidente de la República fue antes un político y que
tiene ciertas habilidades profesionales. Se supone porque ésa es la
verdad. Cuando, después de desempeñar su cargo, se debería suponer
también que vuelve a las actividades que como ciudadano desempeñó antes.
El presidente no se debe ver como un monarca. Es un ciudadano que,
después de su encomienda, vuelve a ser un ciudadano común y corriente.
No hay nada que justifique que, después de ser presidente, se le siga
tratando como si nunca dejara de serlo en su estatus personal.
En alguna ocasión, el tonto de Fox dijo que necesitaba su pensión
para poder vivir de algo. En estricta lógica republicana, debería
suponerse que, antes de ser presidente, el ciudadano que llega a serlo
vivía de un oficio o de un negocio. Luego de desempeñar su puesto,
otorgado por la ciudadanía, debería volver a vivir de lo que vivía antes
y no pretender que la sociedad, tan esquilmada ya de por sí, lo siga
manteniendo como si todavía lo hiciera, siendo que eso resulta
costosísimo. Que esos gravosísimos privilegios se mantengan sólo
demuestra que la nuestra no es una República de ciudadanos, sino una
sociedad de privilegios que anula la ley y la misma Constitución.
Esos privilegios son resultado de una determinación administrativa,
de un acto de un presidente puramente autoritario. No está establecido
en ninguna ley ni, mucho menos, en la Constitución. Si el Congreso
hubiera actuado como un poder soberano y no como un lamebotas de los
presidentes, incluidos los panistas, habría reclamado al Poder Judicial
la anulación de semejante monstruosidad y su sanción puntual como
violatoria de la legalidad republicana. No es posible, se dice el
ciudadano común y corriente, que muchas veces no sabe nada de leyes ni
de procedimientos administrativos, que este país tan pobre se sacrifique
para dar a unos auténticos zánganos que, además, han hundido al país,
semejantes prerrogativas.
A un par de piadosos diputados priístas se les ha ocurrido
disminuira la mitad esas abusivas prerrogativas de los ex presidentes. Esas cabezas de chorlito son los representantes del pueblo Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana (muy conocidos en su casa). Debió haberles parecido un acto de justicia; pero no presentaron su iniciativa por eso, sino porque les preocupaba que ese fenómeno no estuviera regulado en ningún instrumento jurídico. Ignorantes de la historia y pienso que sin saber los abusos de Echeverría y De la Madrid, para ellos el asunto es someter a regulación esos privilegios inmundos. Ya veremos lo que implica la reducción
a la mitadde esos privilegios y el asombro que causa saber la entidad de esos mismos privilegios.
En la UNAM, el rector Pablo González Casanova determinó que a
los ex rectores (y no recuerdo si también a los ex directores de
facultad, escuela o instituto) se les debía seguir pagando su sueldo de
por vida. Su explicación fue que habían realizado un gran servicio a
nuestra casa de estudios. Yo me preguntaba por qué estaba tan seguro de
que habían realizado un buen servicio. Yo recuerdo que el desempeño de
casi todos ellos fue pésimo. Debe ser la misma razón que se aduce con
los ex presidentes (Echeverría y González Casanova fueron contemporáneos
en sus mandatos). Por muy meritorio que sea el servicio prestado a la
generalidad nunca debemos olvidar que ese servicio es un deber y no
fuente de privilegios indebidos y vergonzosos.
No hay presidente que no haya abusado de su poder y del erario.
Téllez descobijó en una conversación privada a Salinas, diciendo que se
había robado la mitad de la partida secreta de la Presidencia. Eso debió
haber sido muchísimo dinero. Todos los presidentes nos han robado,
aunque no se lo podamos probar. Todos se han llevado dinero público a
sus bolsillos y todos lo sabemos. Los medios nos son desconocidos y
siempre lo serán; pero lo han hecho. Basta ver el boato en que viven.
Todo ello, por supuesto, no es más que una inocente suposición.
La iniciativa de marras que un par de borricos ha propuesto para
regularlos privilegios de los ex presidentes es un ejemplo preclaro de la estulticia y el mal humor. La mayor puntada que se alcanzaron fue la de convertir a los ex presidentes en cuadros académicos de alguna de nuestras universidades. No entiendo qué harían en una universidad, como no fuera la de desahogar sus chismes. Ninguno de ellos ha podido ser un científico por razones obvias. Que nos vengan a contar las tonterías que han hecho en sus gobiernos y los desastres que han provocado, muy probablemente ni ellos mismos serían capaces de explicarlos. Eso lo mostró Salinas en su primer libro hablando del
error de diciembre.
Ahora va la buena: se pensionará a los presidentes con el 85 por
ciento de su sueldo y luego de seis años se reducirá a la mitad. Parece
mucho, pero eso equivale a unos doscientos mil pesos mensuales, ya sin
trabajar. Para preservar la seguridad personal de los ex presidentes, la
Secretaría de la Defensa les asignará un general, dos jefes, seis
oficiales y 20 elementos de tropa. La Fuerza Aérea, un jefe, dos
oficiales y seis elementos de tropa. La Armada, dos jefes, dos oficiales
y 10 elementos de tropa. Se les asignarán tres vehículos oficiales para
ellos y sus familias. Se les darán 26 personas como personal
administrativo. Todo ello implica que se reducirá 70 por ciento el
personal hoy asignado. Saquen ustedes las cuentas. Y, todo ello, ¿a
título de qué?
Esa iniciativa es una bofetada al pueblo. Los ex presidentes no
tienen por qué conservar privilegios de ninguna especie y deben volver a
vivir de su trabajo, de lo que aprendieron en la vida para poder vivir.
No tenemos por qué echar a la ciudadanía esa carga para que los ex
mandatarios vivan como reyes. Eso es absolutamente ilegal e inmoral.
Fuente, vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/12/opinion/018a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/12/opinion/018a1pol
Foto Marco Peláez
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