Pável
Alemán Benítez (CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA)
El PAP era la vertiente
peruana de la Alianza Para la Revolución Americana (APRA) y su fundador
lo describiría como un “partido democrático de izquierda”. (2) El
propio Haya de la Torre estuvo a punto de ser presidente del Perú en los
inicios de aquella década y un fraude electoral que favoreció al
dictador Sánchez Cerro lo impidió, dando paso a la búsqueda del poder
por la vía armada, fracasada tras la sublevación de sus militantes y de
elementos de la armada en Trujillo, ciudad costera del norte peruano e
histórico bastión político del aprismo, lo que gravitó negativamente en
las relaciones de este partido con las fuerzas armadas peruanas en la
mayor parte del siglo XX.
En las décadas
siguientes el aprismo partidista transitó paulatinamente de una postura
de radicalismo antioligárquico y antiimperialista hacia posiciones
conciliadoras con la oligarquía aliada y subalterna a los intereses de
las potencias capitalistas. Como rechazo a la llamada Convivencia que
existía entre la dirección del PAP y el gobierno derechista de Manuel
Prado (3), el sector aprista más radical bajo el liderazgo de Luis de la
Puente Uceda creó el APRA Rebelde en 1959 y tres años más tarde se
transformó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), iniciando
una lucha guerrillera a mediados de los años sesenta que aunque fracasó
militarmente alimentó la conciencia crítica de los oficiales que junto a
Juan Velasco Alvarado protagonizaron la Revolución Militar Peruana
desde 1968 hasta finales de los setenta. (4) De La Puente Uceda, pese a
su origen político, es al mismo tiempo una víctima de la alianza entre
el aprismo y los partidos oligárquicos en el legislativo peruano, pues
la muerte cruenta que recibió, su decapitación y posterior desaparición
de sus restos mortales, pudo ser consecuencia del proyecto de ley
presentado por la bancada aprista que establecía “la pena de muerte para
todos los insurrectos del 65”. (5)
Es
importante señalar que la animosidad entre el APRA y las Fuerzas Armadas
era recíproca, compartiendo por regla general los apristas la oposición
al gobierno velasquista junto a la oligarquía. La excepción fue el ex
guerrillero mirista Carlos Delgado, ex secretario personal de Haya de la
Torre, quien trabajaría en el Sistema Nacional de Movilización Social
(SINAMOS), la entidad política que a falta de un partido creó el
gobierno de Velasco para establecer una relación eficaz con la
población. Aunque Haya de la Torre trataría de establecer un
acercamiento con los velasquistas, a quienes consideraba ejecutores de
parte de las propuestas históricas del aprismo, llegando a afirmar
públicamente:
“...a los que han tomado el
gobierno por la fuerza, (…) podemos decirles: los podemos ayudar (…) no
se nos califique de partido hostil, hostil no podemos serlo contra un
programa del que nosotros somos padres y creadores.” (6)
Sería
el sucesor de Velasco Alvarado, el general Francisco Morales Bermúdez
quien daría un giro a la derecha y en 1976 comenzaría a tratar con el
PAP un retorno del gobierno a manos civiles. (7) Ello le posibilitó a
los apristas controlar el proceso constituyente, presidido por Haya de
la Torre y donde el joven Alan García ya jugaba un papel protagónico
como delfín del fundador del APRA, que tuvo como culminación la
aprobación de una Constitución Política en 1979. Sin embargo Haya
enfermó gravemente antes de concluir la redacción de la Carta Magna,
perdiendo el PAP su mejor opción para la candidatura presidencial en los
comicios de 1980 donde resultaría electo por segunda ocasión Fernando
Belaúnde Terry. (8)
El primer gobierno del
APRA: ¿“sólo el APRA salvará al Perú”? (9)
El
voto favorable a un presidenciable aprista en 1985 de casi el 50% del
padrón electoral reflejaba un castigo hacia la derecha conservadora
responsable de la desacertada respuesta estatal a la violenta irrupción
del Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) en la escena
pública a partir de 1980. Sin embargo, el APRA era corresponsable de
haber apoyado con su bancada parlamentaria al sector oficialista de
Acción Popular en el Senado cuando propuso que la subversión armada
(‘terrorismo’) debía ser considerada como “traición a la patria”. (10)
La
población peruana tuvo la posibilidad de definir un presidente con un
discurso clasista (Alfonso Barrantes de Izquierda Unida) o la opción
aprista que desde lo nacional y popular aparecía distanciada de la
polarización social y a favor de la estabilidad. Cuando Alan García
asumió la presidencia por primera vez en 1985 venía rodeado de un
discurso progresista y de transformación social que generó expectativas
de cambio. Uno de los actores del conflicto armado interno, el
insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), anunció el día
de su toma de posesión que no realizaría inmediatamente acciones
militares contra este. (11) En relación a las amplias facultades que
había otorgado el gobierno de Belaúnde a las fuerzas armadas y
policiales para reprimir la “guerra popular” de Sendero Luminoso, el
nuevo presidente criticaba la sistemática violación de los derechos
humanos y de las normas de derecho internacional humanitario que
afectaban especialmente a la población civil no combatiente de origen
indígena que habitaba en los departamentos andinos. Alan García
anunciaba en su primer discurso como mandatario:
“La
ley será aplicada con severidad, también para quienes violen los
derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y
la tortura y por abuso de su función, pues para luchar contra la
barbarie, no es preciso caer en la barbarie.” (12)
Sin
embargo, este enunciado a favor de la legalidad en la actuación de las
fuerzas militares y policiales en la represión de los actores armados
antigubernamentales fue puesto a prueba. El gobierno de Alan mostró
rápido una predisposición a calmar la desconfianza histórica de las
fuerzas armadas hacia el aprismo autorizando o tolerando los excesos que
se cometieron en su primer mandato. Consta que en más de una ocasión
las tensiones entre los uniformados y el Ejecutivo estuvieron a punto de
desembocar en un golpe de Estado.
Por esa
época el PAP se distanció del discurso y creó su propia organización
paramilitar, el Comando Rodrigo Franco (CRF), que utilizó para victimar a
quienes consideraba partidarios o aliados del PCP-SL, incluyendo
militantes de las diversas organizaciones que componían a la Izquierda
Unida. Así es como bajo el liderazgo de Agustín Mantilla Campos, quien
sería el Ministro del Interior en el primer gobierno de Alan García, el
PAP organizó a partir de 1983 el reclutamiento de estudiantes afiliados
al aprismo en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega para crear
‘cuerpos de seguridad’ que protegieran a los líderes del aprismo. A
partir de 1985, convencidos de que el marco jurídico era insuficiente
para amparar a las fuerzas estatales en su enfrentamiento contra la
insurgencia armada del PCL-SL y del MRTA (13), estos militantes apristas
con la participación minoritaria de elementos de las fuerzas policiales
se constituyeron en escuadrón de la muerte amparados de impunidad “pues
estos casos siempre se investigaron deficientemente sin que se haya
impuesto sanción alguna por los mismos.” (14)
La
debilidad de Alan frente a las fuerzas armadas, tan evidente en las
ironías del suplemento humorístico ¡No! Del semanario ¡Sí! que dirigía
el periodista César Hildebrant o en los análisis de la revista de DESCO
Quehacer, quedó expuesta durante la crisis de los penales en 1986. En el
mes de junio de ese año se reunió en Lima el XVII Congreso de la
Internacional Socialista (IS), momento aprovechado por los senderistas
presos en los diferentes penales limeños para reclamar sus derechos,
tomando rehenes en cada centro penitenciario, lo que desembocó en uno de
los hechos más sangrientos registrados durante los años más intensos
del conflicto armado interno.
La represión
desatada por las fuerzas armadas, especialmente por la infantería naval
de la Armada Peruana, provocó un amplio rechazo por la ejecución
extrajudicial de muchos presos de SL que se rindieron ante la
superioridad de los militares. Sólo en años recientes se filtró a la
prensa peruana que la ejecución de los prisioneros casi fue sugerida de
modo ambiguo por el propio presidente Alan García en una reunión de
emergencia del Consejo de Ministros el 16 de junio de 1986. Unos días
después el presidente aseguraba que “el orden había sido restablecido y
la autoridad restaurada en los penales, a un costo muy elevado de
muertos, lo que significa un precedente de cómo debe actuar un gobierno
democrático en el marco de la ley, pero con autoridad para restablecer
el orden” (15). El venezolano Carlos Andrés Pérez fue en esas
circunstancias el aliado más solícito de Alan García, obrando de vocero
ad hoc del gobierno peruano ante los delegados al Congreso de la IS.
(16) No es de extrañar que autorizara una represión peor: la del
“Caracazo” en 1989.
En opinión del periodista
peruano Gustavo Gorriti, la matanza acaecida en los penales es un
momento cumbre para el PAP y Alan García. Este comprendió que la
herencia histórica de lucha armada del APRA no era suficiente capital
simbólico, ni como referente para interpretar al PCP-SL ni para negociar
con esta fuerza política. Y en ese sentido, prevaleció en ese instante
una vertiente ‘fascista’. (17)
En el marco de
una investigación congresional presentada por la minoría de izquierda y
bajo la dirección de Rolando Ames, se presentó un informe que estableció
la responsabilidad de mandos militares y funcionarios civiles de alto
rango en la comisión de delitos de lesa humanidad durante el operativo
militar de recuperación de los penales. Dicho informe fue archivado por
la mayoría aprista en el legislativo peruano. Al inicio del gobierno de
Alberto Fujimori Fujimori, los legisladores de izquierda presentaron
varias acusaciones constitucionales contra Alan García que fueron
archivadas por un acuerdo político de los bloques legislativos del PAP y
de Cambio 90 (el movimiento que aglutinó al fujimorismo naciente), con
el apoyo de diputados del Partido Popular Cristiano - PPC (a quien
pertenecía Lourdes Flores Nano, la actual líder de Unidad Nacional – UN,
quien si fue partidaria de acusar a Alan García por corrupción). (18)
La colaboración entre el aprismo y el fujimorismo se remonta al apoyo
que los primeros otorgaron a Alberto Fujimori para que derrotara a Mario
Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral.
Al
finalizar su primer mandato, Alan había logrado disolver las simpatías
que generó al ganar las elecciones. Dejaba un país sumido en una de las
mayores hiperinflaciones que recuerde la historia mundial (7600%). Su
intento de ganar protagonismo internacional quedando bien con deudores y
acreedores, con la tesis de limitar los pagos anuales de la deuda
externa al 10% de las exportaciones, había arruinado la posibilidad de
concertar una posición común de los países deudores al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) para declarar ilegítima e
impagable la deuda externa, pese a lo cual fue aislado por ambas
instituciones. Súmese a ello un país sumido en el caos de una sociedad
sometida al fuego cruzado del terror estatal de las fuerzas armadas de
un lado y del terror polpotiano de Sendero Luminoso como contraparte.
Alan
casi salió de la escena política por corrupción y el PAP pasó una etapa
incierta de supervivencia luego del autogolpe fujimorista de 1992.
Acusado el primero, asumió el papel de perseguido político y comenzó un
largo exilio en Colombia que duraría nueve años. En el pasado Víctor
Raúl Haya de la Torre había tomado la decisión de permanecer a resguardo
de la persecución política, luego del fracaso de la insurrección armada
de 1948, en la embajada de Colombia en Lima. ¿Paralelismo histórico
casual o imitación del líder histórico del aprismo para presentarse como
heredero legítimo de su épica? A beneficio de inventario quizás la
primera, pero sospechemos de la segunda.
Crisis
del aprismo en la década de los 90’ y resurgimiento postfujimorista.
En
las elecciones de 1990, aquellas en las que un desconocido ingeniero
agrónomo de origen japonés saldría vencedor, el PAP comenzó una década
tortuosa. Su candidato, Luis Alva Castro apenas consiguió el 22% de los
votos en primera vuelta, quedando fuera de la segunda votación que
ganaría Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa, quien se había
postulado por el Frente Democrático (FREDEMO), una alianza de derecha
que prometía como programa económico un severo ajuste económico
neoliberal.
Sin embargo, pese a la derrota de
su candidato el aprismo se veía así mismo como una fuerza con la que el
nuevo presidente tendría que contar, por su fuerza en el legislativo
bicameral: 54 diputados de un total de 180 y 16 senadores de los 60
electos. La esperanza del PAP se difuminó luego del autogolpe que
Fujimori propinó con sectores de las fuerzas armadas el 5 de abril de
1992, para deshacerse del freno que constituía para él la oposición
legislativa.
Disuelto el congreso y sustituido
por el Congreso Constituyente Democrático –CCD, fue redactada y votada
la constitución vigente en 1993. A partir de ese momento, el aprismo
pasó momentos difíciles. En 1995 su candidata a la presidencia, Mercedes
Cabanillas Bustamante no pasó de obtener un paupérrimo 7,1% de los
votos en las presidenciales, muy alejada del segundo candidato más
votado, el ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de
Cuellar con 22%. De igual forma, en el nuevo legislativo unicameral, el
PAP con 6,5% de los votos lograba solo 8 escaños en un congreso de 120
miembros. Peor fue en las elecciones del 2000, porque a pesar de ser
notorio el fraude de Fujimori para reelegirse, el conteo de votos fue
tan desfavorable para el candidato del aprismo que quedó en sexto lugar y
perdieron dos puestos en el congreso.
Es cierto
que la candidatura de Alan no pudo ser inscrita por una prohibición
legal que fue levantada por la Corte Suprema de Justicia en enero de
2001. Esto le permitió a Alan García presentarse como candidato por el
PAP a las nuevas presidenciales donde fue electo Alejandro Toledo en
segunda vuelta con un 47,5% de votos favorables al aprismo, que además
ganó 29 de los 120 puestos congresionales. (19)
El
retorno de Alan García a la política se produce después de una
autocrítica a su gestión como mandatario ante los medios. Alan cuestionó
varias medidas de su quinquenio de gobierno, declarándose partidario de
un ajuste fiscal que no hizo y rechazando la estatización de la banca
privada que implementó en su mandato:
“Otro
concepto que requiere una revisión profunda es el concepto de la
nacionalización de tierras e industrias. En un mundo caracterizado por
la disminución de las barreras entre los países (…) hablar de la
nacionalización ya suena casi obsoleto.” (20)
Aunque
se mostró bastante cercano a la política económica de Alejandro Toledo,
haciendo recomendaciones ocasionales, lo que si irritó profundamente a
García fue la decisión de Toledo de ordenar la detención de los
oficiales que participaron en la operación “Chavín de Huántar”. Y es que
en 2001 y 2002 afloraron detalles de las ejecuciones extrajudiciales de
al menos ocho tupacamaristas luego de su rendición tras la retoma de la
residencia del embajador japonés en Lima en abril de 1997. Esta
posición de ‘solidaridad’ con las fuerzas armadas también podría
interpretarse como un velado respaldo a los crímenes de lesa humanidad
que se imputan al ex presidente Fujimori. (21)
El
retorno de Alan: ¿segundas partes fueron buenas?
En
abril de 2006 la oligarquía transnacional peruana se horrorizaba cuando
al término de la primera vuelta electoral de las elecciones
presidenciales quedaba en primer lugar un casi desconocido candidato
nacionalista cuyo pasado era militar: Ollanta Humala. Para la segunda
vuelta se tejió una alianza para respaldar con los votos de la derecha a
Alan García, nuevamente candidato del aprismo quien disputaría con
Ollanta la presidencia del Perú. Los votos de Unidad Nacional y de la
Alianza para el Futuro (fujimorista) tendrían un peso decisivo en el
resultado final, confirmando la capacidad de la derecha de
coyunturalmente cerrar filas en torno a un candidato que representa la
continuidad del proyecto económico neoliberal iniciado por Fujimori y
continuado por Toledo.
En el debate
presidencial de Humala y Alan García el 21 de mayo de 2006, dos
elementos trascendían. Aunque se trataron una diversidad de temas, Alan
García fue muy cuidadoso de no pronunciarse sobre la cuestión de la
ratificación del TLC firmado con Estados Unidos. En relación a la
derogación de la Constitución de 1993, considerada ilegítima por haber
nacido de un golpe de Estado, expresó:
“… estoy
seguro que esa Constitución del 79 por la que voy a luchar y pelear,
para que se restituya, no va a permitir ninguna dictadura ni
autoritarismo.” (22)
Al cabo de casi cuatro
años de su segundo gobierno, Alan García no ha promovido ningún proceso
que culmine con la derogación de la Constitución de 1993, y su
sustitución por la de 1979 o por una nueva nacida de un proceso
constituyente. La Constitución vigente le ha facilitado la promulgación
de normas jurídicas complementarias que legalizan la represión en contra
de sus opositores.
En relación al ‘libre
comercio’ entre Perú y Estados Unidos, el PAP ya había dejado por
sentado en su programa de gobierno para las elecciones de 2006 su
proclividad a apoyar el TLC con el país norteño. De forma cuidadosa y
como parte de sus objetivos de ‘integración continental’, se enunció que
en caso de convertirse en el partido de gobierno, el PAP aprobaría “…el
TLC previo estudio a fondo de sus costos y beneficios para el país,
para lo que se requiere la más completa información al respecto.” (23)
En el debate programático, uno de los dos representantes por el APRA,
Enrique Cornejo, fue más explícito:
“Vamos a
apoyar un TLC con los Estados Unidos, pero un TLC que sea para todos y
no para unos pocos, eso significa, TLC con compensaciones para los
agricultores que pierden por los subsidios norteamericanos, (…)Con este
esfuerzo lograremos un desarrollo con justicia social, con
gobernabilidad democrática y paz social para que vengan las
inversiones.” (24)
Quizás por esas
indefiniciones tanto Lourdes Flores Nano como Ollanta Humala, opuestos
partidariamente, reclamaron definiciones sobre el tema a Alan García
cuando fue electo mandatario por segunda ocasión.
Pero
en política la práctica es la que da la última palabra, más allá de los
discursos y las declaraciones públicas. El 14 de diciembre de 2007,
Alan García confirmó su giro cada vez más hacia la derecha y en
alineación con Washington cuando firmó el TLC con su homólogo
estadounidense. Por cierto, el ex presidente Bush. Jr, en funciones de
mandatario en aquella época, luego de la firma y de un diálogo bilateral
sobre la agenda internacional se refirió elogiosamente sobre el
presidente peruano al decir: “¡Este es un hombre que sí entiende de las
cosas!”. (25) Proviniendo la frase de un estadista tan ‘erudito’ no
queda claro si Alan García tomó la frase como un halago o un insulto.
Para
implementar jurídica y políticamente el TLC con Estados Unidos, valga
decir, eliminando las resistencias de la oposición nacionalista y de la
movilización social, el gobierno de Alan García no encontró una mejor
vía que la de criminalizar la protesta. A ese efecto previamente aprobó
11 decretos legislativos (los comprendidos entre el 982 y el 992) en
julio de 2007. A esos efectos, autorizó la inmunidad para la represión,
cuando modificó el Código Penal y eximió de responsabilidad penal a las
fuerzas armadas y policiales:
“Artículo
20º.-Inimputabilidad
Está exento de
responsabilidad penal:
(…)
11. El personal de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su
deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o
muerte.” (26)
Pero también prohibió la
participación de los funcionarios públicos en la protesta social, bajo
la amenaza de inhabilitarlos políticamente, lo que sin dudas va dirigido
en primer lugar a los congresistas y alcaldes del Partido Nacionalista
Peruano y de los partidos de izquierda. Para la Asociación Pro Derechos
Humanos – APRODEH queda claro que semejantes decretos constituyen una
“fuerte vulnerabilidad sobre los derechos humanos de los ciudadanos
peruanos.” (27)
Este cambio del marco jurídico
afectó posteriormente a las ONG’s internacionales que tienen a su vez
domicilio legal en el Perú y que apoyan a las organizaciones sectoriales
en el reclamo de sus derechos. El presidente Alan García remitió al
congreso peruano un proyecto de ley para disolver las asociaciones que
ha denominado ‘ONG’s violentistas’, porque según consta en la exposición
de motivos estas personas jurídicas pueden desarrollar “actividades que
contravengan no sólo el orden público o las buenas costumbres, sino
también la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el principio de
no intervención en los asuntos internos”. (28)
La
poca capacidad o el interés nulo por solucionar mediante el diálogo los
reclamos de las comunidades indígenas y los trabajadores peruanos
afectados por la aplicación del TLC se hicieron evidentes en el manejo
de la crisis que se provocó en Bagua en junio de 2009. En el 2008 Alan
García se refirió peyorativamente sobre los sectores de la sociedad que
se cuestionaban la forma en que debía ser armonizado el sistema
normativo peruano para cumplir con las exigencias del TLC con Estados
Unidos, calificándolos de “perros del hortelano”. (29) Para finales de
ese año aprobó dos decretos legislativos, el 1064 (Régimen jurídico para
el aprovechamiento de las tierras de uso agrario) y el 1090 (Ley
Forestal y de Fauna Silvestre), con los que lesionaba los intereses de
las comunidades amazónicas.
La intransigencia
del gobierno aprista, desnuda en las agrias sesiones de debate en el
congreso (30), donde rechazaron reconsiderar el tema, incluso ante la
inminencia del escalamiento del conflicto, llevó a un callejón sin
salidas. Y aún después de la masacre de indígenas y policías, la bancada
aprista con el apoyo de las bancadas fujimorista y la de Unidad
Nacional sólo accedieron a suspender ambos decretos leyes en vez de
derogarlos, “para dar paso a las consultas necesarias que permitan
implementar los compromisos asumidos” (31) en el TLC. Y de paso ante las
protestas de varios congresistas nacionalistas que permanecían en el
hemiciclo, la Mesa Directiva del Congreso decidió sancionarlos a 120
días de suspensión.
Conclusiones
El
giro a la derecha del APRA, sinuoso desde la época de Haya de la Torre,
es ahora inequívoco. Alan García incluso ha reinterpretado el
pensamiento de Haya, en una suerte de revisionismo y nueva
interpretación dialéctica de la historia del APRA. En su libro “La
revolución constructiva del aprismo”, García trata de establecer una
continuidad entre su pensamiento y el de Haya para legitimar sus
actuales decisiones políticas. (32)
A los
problemas de orden interno, agravados por una política confrontacional
que recurre con facilidad al uso de la fuerza, habría que agregar una
política exterior alineada a Washington. A los frecuentes exabruptos con
los gobiernos de cambio más radicales (con Venezuela por el asilo a
varios opositores prófugos de la justicia; con Bolivia por su supuesta
intromisión en los asuntos internos), se une el respaldo al presidente
Uribe en el tema de las bases militares estadounidenses en Colombia (a
las que se unirán otras que virtualmente ya operan en Perú).
Al
parecer la mutación del APRA es definitiva con el liderazgo de Alan
García. (33) Alejada de su historia primigenia, se ha convertido en la
antítesis de la fuerza política que necesita el Perú del siglo XXI para
superar la violencia del pasado, los miedos del presente y las
incertidumbres del futuro. No hay voluntad política en el aprismo para
reducir la exclusión social y terminar con la fragmentación regional del
país. El APRA gobernante garantiza la política neoliberal del
fujimorato y la represión. Alan García criticaba la derechización del
laborismo británico de Tony Blair, diciendo que no era de la tercera vía
sino que había descubierto la ‘cuarta vía’. Tan juicioso
distanciamiento es insuficiente para esconder a la luz del sol el
transfugismo político del APRA y de su líder, derecha disfrazada de
socialdemocracia.
Notas:
1) Jorge Turner:
“Notas sobre El antiimperialismo y el APRA”, en Ruy Mauro Marini y
Margarita Millán (Coordinadores): La Teoría Social Latinoamericana Tomo
I: Los orígenes, Ediciones El Caballito, México D.F., 1994, Pág.67 a 82.
Ver también Christine Hatzky: Julio Antonio Mella (1903-1929). Una
biografía, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2008, Pág.305 a 319.
2) La República:
Dossier, Lima, 2 de agosto de 2009, Pág.2.
3) En 1962 la
progresiva domesticación del APRA le valió estar a las puertas de la
presidencia por segunda ocasión, pero las fuerzas armadas ejercieron su
poderoso veto y reclamaron la existencia de un supuesto fraude electoral
favorable a los apristas. Esto le abrió el camino a Fernando Belaúnde
Terry de Acción Popular a su primera gestión como mandatario. El
posterior acercamiento del APRA y AP puede haber sido uno de los móviles
menos visibles pero más urgentes para decidir al grupo de oficiales
vinculados a Velasco a deponer a Belaúnde Terry en 1968.
4) Patricia
Caycho: “El sepulcro escondido”, Caretas No.1889, Lima, 2 de setiembre
de 2005, Pág.24 a 31 y 87.
5) José Luis
Renique: “De la traición aprista al gesto heroico – Luis de la Puente y
la guerrilla del MIR”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y
el Caribe, Vol.15 No.1, Universidad de Tel Aviv, 2004, Pág.111.
6) Fragmento de un
discurso pronunciado en febrero de 1974 citado en Carlos Reyna
Izaguirre: La anunciación de Fujimori. Alan García 1985-1990, DESCO,
Lima, 2000, Pág.19.
7) Dirk Kruijt: La revolución por decreto:
Perú durante el gobierno militar, FLACSO-Mosca Azul Editores, Lima,
1991.
8) Julio Cotler: “De Velasco a Belaúnde: el problema de la
construcción nacional y la democracia en Perú”, en Pablo González
Casanova (Coordinador): El Estado en América Latina: Teoría y Práctica,
Siglo Veintiuno Editores, México, 1990, Pág. 349 a 366.
9) Consigna
política histórica en la militancia aprista.
10) Eduardo Toche
Medrano: Guerra y democracia: los militares peruanos y la construcción
nacional, DESCO-CLACSO, Lima, 2008, Pág.225.
11) Centro de
Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO): Violencia política en el
Perú 1980-1988, T.I, DESCO, Lima, 1989, Pág.191.
12) Comisión de la
Verdad y Reconciliación: Informe Final, Sección 2da Tomo III Capítulo 2,
Lima, 2003, Pág.5.
13) Como cuestión anecdótica habría que
apuntar que el líder histórico del MRTA, Víctor Polay Campos, quien
guarda prisión actualmente, proviene de una familia aprista. Su padre
fue uno de los fundadores del APRA junto a Haya de la Torre. Polay y
Alan García fueron compañeros de militancia y de estudios en la
juventud. Veinte días antes del traspaso de gobierno de Alan García a
Alberto Fujimori, 48 presos del MRTA (incluido Polay) realizaron una
fuga espectacular de un penal de máxima seguridad, especulando varias
fuentes la posible influencia de los apristas en ese hecho. Pero este
detalle nunca fue confirmado y ha sido refutado por varios académicos y
analistas de la realidad peruana ante la ausencia de elementos
probatorios.
14) Comisión de la Verdad y Reconciliación:
Informe Final, Sección 4ta Tomo VII Capítulo 2, Lima, 2003, Pág.202.
15) “Asociación
Americana de Juristas presenta denuncia ante la Fiscalía de la Nación”,
La República, 5 de mayo de 2001.
16) “Incómodos bajo
la carpa”, Cambio, No.11, Lima, 26 de junio de 1986, Pág.7
17) Es más prolijo
decir autoritaria, pues aunque existen paralelos entre el aprismo y el
peronismo, sería un error desconocer sus diferentes orígenes e historia.
Ver: Gustavo Gorriti: “”El prólogo de la gran violencia”, en Roland
Forgues, Perú, entre el desafío de la violencia y el sueño de lo
posible, Editorial Minerva, Lima, 1993, Pág.141.
18) Tulio Mora:
Días de barbarie, APRODEH, Lima, 2003, Pág. 41 y 91.
19) Alberto
Adrianzen et al (Coeditores): Países andinos: los políticos, Ediciones
Nova Print S.A.C., Lima, 2008, Pág. 309 a 312.
20) César Levano:
“la obsesión del voto escondido”, Caretas No.1661, Lima, 15 de marzo de
2001, Pág.19.
21) “Alan García dice que el gobierno
pretende destruir a las Fuerzas Armadas”, La Razón, Lima, 21 de mayo de
2002.
22) Debate Presidencial, Lima, 21 de mayo de 2006, Pág.23
23) Partido
Aprista Peruano: Plan de Gobierno 2006-2011, Lima, Febrero de 2006,
Pág.48.
24) Debate Programático, Lima, 28 de mayo de
2006, Pág.12.
25) “Operativo TLC”, Caretas No.2007, Año
LVII, Lima, 20 de diciembre de 2007, Pág.16.
26) Decreto
Legislativo No. 982, El Peruano, Año XXIV, No.9909, Lima, 22 de julio de
2007, Pág. 349719.
27) Wilfredo Ardito Vega et al: Serios
peligros para los derechos humanos. Los 11 decretos del gobierno de Alan
García, APRODEH, Lima, 2007, Pág.27.
28) Congreso de la
República del Perú: Proyecto de Ley No. 2872/2008, Lima, 19 de noviembre
de 2008, Pág.5
29) Alan García Pérez: “El síndrome del
perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2007.
30) Congreso de la
República del Perú: Diario de los Debates, Lima, 4 de junio de 2009,
Pág.5 a 10.
31) Congreso de la República del Perú:
Diario de los Debates, Lima, 10 de junio de 2009. Ver también Congreso
de la República: La Voz del Parlamento, Año I No.25, Lima, junio de
2009.
32) Enrique Chávez: “La arqueología del discurso”, Caretas
No.2021, Año LVII, Lima, 3 de abril de 2008, Pág.76 a 78.
33) Antonio
Zapata: “¿El último viraje del APRA?”, Bajo la Lupa No.8 Año 2, Lima,
junio de 2008, Pág.30 y 31Vìa, fuente :
http://www.argenpress.info/2010/06/alan-garcia-y-el-apra-derecha.html
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