La fracasada venta de Chilevisión al grupo de inversión Linzor
Capital Partners, no sólo volvió a encajonar al Presidente de la
República contra la incompatibilidad de sus insalvables y recurrentes
conflictos de interés, sino que abrió un flanco inesperado: la
posibilidad cierta de que la señal que ocupa la frecuencia asignada al
Canal 11, regrese a la Universidad de Chile.
Básicamente,
por el factor que precipitó por tierra la negociación entre Linzor
Capital Partners y Bancard, sociedad de inversión de Piñera, esto es, el
plazo de la actual concesión, que concluye, según trascendió, en 2018.
En
seguida, por el tenor de la declaración pública del Rector de la
Universidad de Chile, Víctor Pérez, emitida el pasado 8 de junio.
En
primer término, reafirma su derecho de propiedad y reafirma el plazo de
término de la concesión:
“Actualmente, la explotación de
esta concesión que es un bien universitario público está en manos de
Chilevisión, usufructo que vence el año 2018. Respecto del proceso de
cesión o venta de derechos entre los actuales titulares del usufructo e
inversionistas, la Universidad declara que ella no ha participado ni ha
sido informada al respecto”.
Luego, establece el carácter
estratégico que reviste para la universidad su participación en el
proceso de digitalización de la señal abierta de televisión en curso:
“La
Universidad de Chile considera imprescindible que pueda tener cabida
dentro de la futura operación de la televisión digital, que hoy está
siendo analizada en el Congreso Nacional, en virtud de universidad
estatal, nacional y pública, líder en investigación científica y clave
para el desarrollo de las políticas públicas. Para la Universidad, la
televisión digital es una herramienta de enorme utilidad para mejorar la
calidad y equidad de la educación chilena, desafío en el que ella tiene
un rol relevante”.
Finalmente, deja meridianamente claro
que la Universidad es parte en cualquier proceso de negociación:
“El
Rector ha solicitado un informe a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile a fin de que analice en detalle todos los aspectos
jurídicos vinculados con la negociación que se concretó con la venta del
usufructo de la señal de propiedad de la Universidad de Chile. El
Rector señaló que "diversos informes recibidos hasta el momento son
auspiciosos para la Universidad, pues concurren derechos que haremos
valer oportunamente".
En suma, el botin en disputa es la
titularidad de la concesión de la Universidad en el contexto de la
digitalización de la televisión abierta en pleno desarrollo, y que como
informó el Gobierno el pasado 14 de septiembre, utilizará el estándar ISDB-T
con MPEG 4, creado por Japón y adaptado en Brasil.
Más
aún con el ancho de banda de 6 Mhz que se le entregaría a los actuales
titulares de concesión, que permitiría incursionar en negocios
paralelos, tales como transporte de datos; señales de pago coetáneas con
señales abiertas; video por demanda, servicios personalizados y un
vasto repertorio de interacción con los usuarios.
Privatización
ideológica
Después del fracaso de la
transacción con Linzor Capital Partners, y con la obvia intención de
reanimar el alicaído negocio, operadores de Bancard filtraron a la
prensa empresarial la existencia de una cláusula que estipula que en
2018 se renovará, de manera automática, la concesión por otros 25 años:
“La
única forma de que la casa de estudios rompa con esto es mediante un
Tribunal Arbitral, donde debe aducir que Chilevisión rompió con el
contrato, algo que hasta la fecha no ha sucedido” (Diario Financiero
10/06/2010).
Esto coloca el centro de gravedad del
problema en la desacertada gestión de los dos rectores anteriores,
respecto a la señal de televisión de la Universidad.
En
1993 el entonces Rector Jaime Lavados, cedió por 25 años el usufructo
de la concesión de la frecuencia al grupo venezolano Cisneros, que se lo
traspasó al Grupo Claxon, que se la vendió a Piñera, en 2004.
Los
argumentos utilizados entonces por Jaime Lavados, de que la televisión
no era el giro principal de la Universidad, y que la administración de
un canal en un mercado con cinco señales abiertas no tenía justificación
económica, no resisten el menor análisis.
Lo
prueban el interés de Víctor Pérez por recuperar la señal para la
Universidad, y el hecho de que en el ejercicio de 2009, Chilevisión fue
la única empresa de la “industria” de la televisión en obtener
utilidades, por un monto de $7.603 millones , a pesar de ser el tercero
en ingresos publicitarios.
El papel que jugó el
anterior rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, en 2004,
cuando Sebastián Piñera compró Chilevisión, es al menos cuestionable,
porque según versiones de prensa, hasta ese entonces la duración del
usufructo era de 20 años y no era renovable automáticamente
En
rigor, más que a temas de gestión, la entrega del Canal 11 al sector
privado en tiempos de Lavados y Riveros pareció obedecer más a la fiebre
privatizadora de cuño ideológico y a la conversión neoliberal que
aquejó a una parte significativa de la cúpula concertacionista durante
la década de los noventa, que al eventual déficit que generaba la
estación de televisión.
Morrocotudo conflicto de
interés
A pesar de su inequívoco compromiso de
campaña, y por razones que tendrá que explicar de cara a la historia,
Piñera se resistió a vender Chilevisión, hasta que la presión combinada
de la mayor parte del arco político, incluidos connotados
correligionarios de RN y sus dudosos aliados de la UDI, virtualmente lo
obligó a hacerlo.
Y en esta ocasión, el monto de la
operación, unos US$ 146 millones, no era tan significativo como la
influencia, toda vez que era un negocio -un “deal” como dice ahora la
prensa empresarial- unas diez veces menor que la venta de LAN, que le
reportó entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones.
Sin
embargo, los antecedentes sugieren que se arrepentirá hasta el último de
sus días de no haber vendido a tiempo Chilevisión, y de la manera más
discreta posible, porque el conflicto de interés que genera la retención
de su propiedad entró en una espiral descendente cuyo desarrollo le va a
ir restando progresivo espacio de maniobra.
En uno
de los términos de la ecuación, parece ser difícilmente discutible que
la concesión de venta fue por 25 años. Así lo aseguraron, con documentos
en mano, los parlamentarios de la Bancada por la Transparencia,
Patricio Hales y Patricio Harboe (PPD), Jorge Burgos (DC), y Marcelo
Schilling y Carlos Montes (PS), quienes tomaron cartas en el asunto y
por tanto, serán un activo factor fiscalizador del conflicto de interés.
A modo de ejemplo, Hales exhibió una resolución
del Consejo Nacional de Televisión del año 1993 en el que se especifica
que la concesión se traspasó sólo hasta 2018, fecha en la que volverá a
manos de la Universidad de Chile:
“Tenemos la
convicción con un documento oficial del 25 de mayo de 1993 que está
establecido que la transferencia del uso de está señal de televisión se
termina en ocho años más, porque está especificado en el numeral 12 de
este documento y que es limitado sólo por 25 años”.
A
la salida de una reunión con el Rector, el diputado Montes confirmó la
intención de la Universidad de asegurar, a través de la recuperación de
la concesión, su presencia en la televisión digital:
“La
principal universidad del país no puede quedar fuera de la televisión
digital y las nuevas tecnologías de comunicación e información, esa es
su mayor preocupación, y por lo tanto, a partir de eso están revisando
todos los contratos, los términos jurídicos, el alcance y esto que
nosotros vimos en esta resolución que él nos leyó es categórico. Aquí no
hubo autorización de la autoridad pública, el Consejo Nacional de
Televisión nunca autorizó por más de 25 años, eso es lo más importante”.
En la oportunidad, los parlamentarios manifestaron
que en esta situación existe un claro conflicto de interés, pues en su
calidad de Jefe de Estado, Piñera es propietario del canal de
televisión, a la vez que debe velar por el patrimonio público, entre
otros, de la Universidad de Chile, por lo que se produce una evidente
contradicción entre la realización de ese negocio y la defensa de la
casa de estudios.
Además, si Piñera decidiera
impugnar la legalidad del decreto del Consejo Nacional de Televisión,
mostrado por los parlamentarios, o se propusiera negociar con la
Universidad cualquier fracción del ancho de banda de 6 Mhz
¿en
qué condición lo hará? ¿cómo Presidente de la República o como
propietario de un activo, que al tener fecha de vencimiento
experimentará un creciente deterioro en su valorización?
Los
datos muestran que se metió en un berenjenal de difícil salida, por no
haber honrado sus compromisos. Un claro ejemplo en que la ambición rompe
el saco, y donde el castigo más justo es aquel que uno mismo se impone.
-
Fuente: http://www.diarioreddigital.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=510:chilevision-pinera-en-su-laberinto&catid=53:analisis&Itemid=69
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107788&titular=pi%F1era-en-su-laberinto-
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